Dr. Raúl Bolaños Vital: Facultades de la autoridad fiscal y derechos digitales en México
Entrevista sobre los límites de las facultades fiscales en México, la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación y sus implicaciones para la privacidad digital de los contribuyentes.
En la entrevista con el doctor Raúl Bolaños Vital abordamos el alcance actual de las facultades de la autoridad fiscal en México, destacando su capacidad para ejercer funciones de fiscalización y cobro coactivo sin necesidad de mandamiento judicial, lo cual responde a una lógica de eficiencia recaudatoria del Estado.
El punto central del análisis radica en los límites que dicha facultad está teniendo. Se enfatiza la preocupación sobre la ampliación de la injerencia de la autoridad fiscal, particularmente a partir de la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, la cual permitirá el acceso a plataformas digitales con fines fiscales, incluso bajo la amenaza de bloqueo de direcciones IP en caso de incumplimiento.
Tres ejes problemáticos
El Dr. Bolaños identifica tres ejes problemáticos principales:
- La ampliación del acceso a información digital de los contribuyentes, lo que podría vulnerar el derecho a la privacidad.
- La extensión de mecanismos de control a ámbitos no estrictamente fiscales, como la telefonía celular.
- La falta de certeza en la protección de datos personales frente a riesgos como filtraciones, uso indebido de información por autoridades o hackeos.
Riesgos y salvaguardas
Se advierte sobre los posibles abusos de las autoridades, recordando que la información fiscal está protegida por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y su divulgación indebida constituye un delito. En este sentido, se cuestiona si el objetivo de recaudación justifica una interferencia tan amplia en la esfera privada de los gobernados.
Conclusión
La obligación de contribuir al gasto público es indiscutible. Sin embargo, resulta necesario establecer límites claros a la actuación de la autoridad fiscal, a fin de garantizar el respeto a derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad jurídica.